La Corte Suprema de Justicia de Colombia pidió el jueves al Ministerio de Defensa que le envíe la información encontrada en los computadores de un jefe guerrillero muerto en una operación militar y que le permitiría investigar supuestos nexos de congresistas con las FARC.
Bogotá, 25/04/2008- La solicitud del tribunal se produce en momentos en que se habla de supuestos nexos de la senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que el Congreso afronta una crisis por los vínculos de más de 60 legisladores con paramilitares.
Las Fuerzas Militares de Colombia bombardearon a comienzos de marzo una zona selvática de Ecuador, en un ataque dirigido en el que murieron el líder de las FARC Raúl Reyes y al menos otras 24 personas que estaban en un campamento rebelde.
En el lugar las autoridades colombianas encontraron varios computadores de Reyes que contenían información de posibles nexos de políticos colombianos con esa guerrilla, al igual que de los gobiernos de Venezuela y Ecuador, que han negado esas versiones.
"Frente a la eventual competencia de esta sala para iniciar oficiosamente investigación respecto de algún potencial aforado, de manera respetuosa le solicito remitir a esta presidencia la información pertinente," dijo una carta firmada por el magistrado Sigifredo Espinosa, dirigida al Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Fuentes de seguridad revelaron que en los computadores apareció información que vincula a otros políticos, además de Córdoba, con las FARC, un grupo rebelde conformado por unos 17.000 combatientes y que es considerado por Estados Unidos y la Unión Europea como una organización terrorista.
El vicepresidente Francisco Santos dijo recientemente que así como se investiga los nexos de congresistas con los paramilitares, un proceso conocido como "la parapolítica," se deben averiguar los vínculos de políticos con las FARC, lo que denominó como la "Farapolítica."
La senadora Córdoba ha negado tener vínculos con la guerrilla y asegura que sus labores han sido estrictamente humanitarias, destinadas a lograr la liberación de un grupo de 40 rehenes, incluidos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres estadounidenses.
Córdoba jugó un papel clave en la liberación de seis ex congresistas que las FARC entregaron entre enero y febrero a una misión humanitaria que organizó el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Actualmente, el Congreso de Colombia es sacudido por un escándalo y una crisis que mantiene en la cárcel a por lo menos 32 legisladores, mientras que otros 30 son investigados por supuestos vínculos con antiguos paramilitares de ultraderecha.
La mayoría de políticos encarcelados o investigados, bajo acusaciones de haber hecho acuerdos con paramilitares o de recibir apoyo financiero o logístico para ser elegidos con votos de regiones controladas por esos grupos armados ilegales, son aliados del presidente Alvaro Uribe, quien mantiene una popularidad de más del 80 por ciento pese a la crisis.
Los paramilitares aparecieron en la década de 1980 como ejércitos privados financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y narcotraficantes perseguidos por la guerrilla contra la que lanzaron ataques en varias regiones del país.
Estos escuadrones, acusados de obtener millonarios ingresos del narcotráfico y de cometer las peores violaciones a los derechos humanos, se desmovilizaron en medio de un acuerdo de paz con el Gobierno en el que más de 31.000 combatientes entregaron las armas.
Terra/Reuters
